CASO SORAS: TRIBUNAL RECHAZA PRESCRIPCIÓN A CÚPULA DE SENDERO LUMINOSO POR MATANZA DE CAMPESINOS
NACIONALES.– Más de cuatro décadas después de la masacre de Soras, en Ayacucho, el Poder Judicial rechazó el pedido de prescripción presentado por integrantes de la cúpula de Sendero Luminoso procesados por estos hechos. La Tercera Sala Penal Superior Nacional Liquidadora Transitoria decidió, por mayoría, inaplicar la Ley N.º 32107 y declarar infundado el recurso que buscaba cerrar la acción penal.
La decisión se refiere a la matanza perpetrada en julio de 1984 en la provincia de Sucre, cuando integrantes de Sendero Luminoso atacaron a pasajeros y pobladores durante el recorrido de un vehículo de transporte conocido como “Expreso de la muerte”. Los reportes judiciales dan cuenta de más de 80 víctimas, mientras otras publicaciones señalan que fueron 117 campesinos asesinados. El crimen se produjo en un contexto de represalias contra comunidades que se habían organizado para enfrentar a la organización terrorista.
El caso forma parte de uno de los capítulos más dolorosos del conflicto armado interno que vivió el Perú entre 1980 y 2000, periodo marcado por asesinatos, desapariciones y otras graves violaciones de derechos humanos cometidas por organizaciones subversivas y agentes estatales.
La controversia jurídica gira en torno a la Ley N.º 32107, promulgada en agosto de 2024, que establece criterios sobre la aplicación de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra a hechos anteriores a la entrada en vigor de determinados instrumentos internacionales para el Perú. La defensa de los procesados invocó esta norma para solicitar la prescripción.
El tribunal consideró que la ley no debía aplicarse en este proceso por su incompatibilidad con la Constitución y los tratados internacionales, y dispuso que el procedimiento continúe.
Ninguna masacre de niños, ancianos, mujeres o población indefensa debería quedar sin justicia, independientemente de si sus autores fueron integrantes de Sendero Luminoso o agentes de la Policía o de las Fuerzas Armadas. La gravedad de estos crímenes exige que se investiguen y juzguen con las garantías correspondientes, sin distinciones por la identidad de los responsables.
Lo deseable es que los procesos concluyan cuanto antes, para que los familiares de las víctimas encuentren algo de consuelo, el sistema judicial peruano arrastra demoras que convierten la búsqueda de justicia en una espera interminable.
Por: Luis Rodríguez – Redactor