LIMA.– La Contraloría General de la República, que fiscaliza el uso de los recursos públicos, tiene pendiente cumplir una orden que, según sus propios documentos, vienen de jueces y del ente rector del servicio civil: reponer a 191 ex trabajadores bajo el régimen CAS desvinculados al 31 de diciembre de 2024. Así consta en el reporte de seguimiento de recomendaciones de su Órgano de Auditoría Interna, del 1 de enero al 30 de junio de 2026, firmado el 6 de julio.
Una recomendación del informe de auditoría financiera del ejercicio 2024 señala que la Contraloría debe adoptar las acciones para gestionar la emisión de un dispositivo que autorice una demanda adicional de recursos ante el Ministerio de Economía y Finanzas, con el fin de financiar la reposición de esos 191 trabajadores. El texto precisa que la reposición fue ordenada por medidas cautelares del Poder Judicial y por resoluciones de Servir. El estado de la recomendación figura como “en proceso”.
La auditoría recuerda a la entidad que los actos que ponen fin al vínculo laboral deben estar debidamente motivados y respetar la condición de CAS indeterminado adquirida por la Ley N.° 31131. También cita el carácter vinculante de las decisiones judiciales y pide observar las normas de desvinculación del régimen CAS para evitar ceses arbitrarios y contingencias con costo patrimonial para la propia entidad.
Otra recomendación, del informe del ejercicio 2025, pide a Capital Humano, Personal y Compensaciones y la Procuraduría que informen a Contabilidad para registrar provisiones ante una posible reposición. Su estado es “pendiente”.
La paradoja es difícil de ignorar: el organismo que exige a otras entidades cumplir la ley es observado por apartarse de las normas laborales, y debe acatar órdenes judiciales sobre su propio personal. El mismo informe recomienda impulsar una política de cumplimiento de estas normas en todo el sector público.
El documento no precisa cuántas reposiciones se han efectuado, qué monto se ha pedido al MEF, ni los alcances y fechas de las medidas cautelares. Corresponde preguntar a la Contraloría por el estado del cumplimiento y por el costo estimado.
Por: Juan Cárdenas – Redactor
