CORTE DE AREQUIPA RECIBE CERTIFICACIÓN ANTISOBORNO, ¿PERO REALMENTE SE PUEDE CONFIAR EN EL PODER JUDICIAL?
AREQUIPA.– La Corte Superior de Justicia de Arequipa recibió la certificación internacional ISO 37001:2025 por la implementación del Sistema de Gestión Antisoborno en su Cuarta Sala Penal de Apelaciones. El reconocimiento fue entregado durante una ceremonia realizada en la Corte Suprema de Justicia de la República, en la que participaron representantes del Poder Judicial y de la empresa Global Certification Bureau (GCB). Sin embargo, el anuncio plantea una pregunta inevitable en un país donde la corrupción continúa golpeando la confianza ciudadana en las instituciones: ¿una certificación es suficiente para garantizar que no se cometan actos de soborno?
El presidente de la Corte de Arequipa, Nicolás Iscarra Pongo, recibió el reconocimiento de manos de representantes de GCB. La ceremonia fue presidida por la titular del Poder Judicial, Janet Tello Gilardi, quien destacó los esfuerzos de las cortes de Arequipa, La Libertad, San Martín y Huancavelica para fortalecer sus mecanismos de integridad. La norma ISO 37001 establece políticas, procedimientos y controles destinados a prevenir, detectar y gestionar riesgos de soborno dentro de las organizaciones.
Según la Unidad de Integridad del Poder Judicial, durante 2026 se amplió el Sistema de Gestión Antisoborno mediante la actualización de normas internas, auditorías y la incorporación de nuevas dependencias. Estas medidas buscan mejorar los controles institucionales y reducir los riesgos de corrupción. No obstante, la certificación acredita la implementación de un sistema de gestión, pero no demuestra por sí sola que la corrupción haya desaparecido ni garantiza que nunca ocurran irregularidades.
Por ello, el verdadero reto de la Corte de Arequipa no será exhibir un certificado internacional, sino demostrar con resultados verificables que sus procedimientos son transparentes, que las denuncias se investigan y que las responsabilidades se determinan sin privilegios. En una institución encargada de administrar justicia, la confianza pública no se obtiene únicamente con reconocimientos: se construye con decisiones imparciales, rendición de cuentas y sanciones efectivas cuando se comprueban actos indebidos.
Por: Juan Cárdenas – Redactor