AREQUIPA — Por: Juan Cárdenas
La aprobación de la Ordenanza Municipal 1037, que establece medidas frente a actos de discriminación, ha sido recibida con satisfacción por representantes de la comunidad LGTBIQ+, quienes recuerdan los episodios de rechazo y maltrato que aseguran haber sufrido en discotecas, universidades y establecimientos comerciales.
Ana Flavia relató experiencias en las que, pese a pagar una entrada, se les impedía permanecer en determinados locales al identificarlas como personas trans. También cuestionó situaciones de discriminación que, según señaló, se presentaban incluso dentro de espacios universitarios.
Sin embargo, más allá de la necesidad de sancionar cualquier acto de discriminación, surge una discusión que no debería quedar fuera del debate: los derechos fundamentales no deberían depender de una ordenanza específica ni de pertenecer a un determinado colectivo. La Constitución y las leyes ya reconocen que todas las personas tienen derecho a la igualdad y a no ser discriminadas.
El desafío, por tanto, no debería ser crear ciudadanos con derechos diferenciados, sino garantizar que los mismos derechos se cumplan para todos, sin importar su identidad, orientación sexual, condición económica o cualquier otra característica.
Una sociedad realmente inclusiva no necesita separar a sus ciudadanos en grupos protegidos y no protegidos. Necesita instituciones que hagan cumplir la ley por igual y ciudadanos capaces de entender que respetar al otro no es una concesión: es una obligación.
