EL ESTADO NO RESUELVE, EL CIUDADANO PAGA: 30 AÑOS CONVIRTIENDO TRÁMITES PÚBLICOS EN NEGOCIO NOTARIAL
NACIONALES.– Treinta años después de la aprobación de la Ley 26662, que permitió a los notarios tramitar asuntos no contenciosos como sucesiones intestadas, rectificación de partidas, divorcios por mutuo acuerdo y reconocimiento de uniones de hecho, el Poder Judicial celebra sus resultados. Sin embargo, hay una pregunta que merece discutirse: ¿estamos construyendo un Estado más eficiente o acostumbrándonos a pagar a terceros por servicios que deberían ser accesibles desde las instituciones públicas?
La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, destaca que esta competencia permitió descongestionar los tribunales y ofrecer procedimientos más rápidos. El argumento tiene sentido: cuando no existe controversia entre las partes, no necesariamente se necesita un proceso judicial. Pero la rapidez también tiene un precio y ese costo termina trasladándose al ciudadano.
El problema va más allá de los notarios. Es la incapacidad del Estado para desarrollar servicios públicos ágiles, modernos, digitales y económicamente accesibles. En lugar de fortalecer sus propias capacidades, termina ampliando las funciones de operadores privados, creando una dependencia que puede encarecer trámites fundamentales para las familias.
En otro momento nos podemos ocupar del negocio notarial, y aquí aparece otra discusión incómoda: ¿quién controla las tarifas?, ¿qué garantías tiene una persona de bajos recursos para acceder a estos servicios?, ¿cuánto cuesta realmente obtener una plaza notarial y qué mecanismos aseguran la transparencia en su acceso?
No se trata de desconocer la función jurídica del notariado ni su aporte a la seguridad jurídica. Se trata de evitar que las deficiencias del Estado terminen convirtiéndose en oportunidades económicas permanentes para unos pocos.
Treinta años después, no basta con celebrar que los notarios asumieron más competencias. También habría que preguntarse cuánto ha mejorado el Estado y cuánto sigue pagando el ciudadano por su incapacidad.
Porque cuando el Estado no resuelve, alguien termina cobrando. Y casi siempre, la factura llega al bolsillo de la gente.
Por: Juan Cárdenas – Redactor General