GOBIERNO CREA REGISTRO DE ORGANIZACIONES CRIMINALES CON PRÁCTICAS TERRORISTAS Y FACULTA CONGELAR SUS FONDOS
NACIONALES.– El Gobierno aprobó un decreto legislativo que incorpora nuevas herramientas para enfrentar a organizaciones criminales que recurren a explosivos, armas y otras formas de violencia extrema para intimidar a la población y obtener beneficios económicos ilegales. Entre las medidas figuran penas de hasta 35 años de prisión, un registro nacional especializado y la posibilidad de congelar fondos y activos vinculados a estas estructuras.
La norma, impulsada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), crea el Registro Nacional de Organizaciones Criminales con Prácticas Terroristas (RENOCTE), que permitirá identificar a las organizaciones, sus integrantes y colaboradores a partir de investigaciones penales e información de inteligencia.
La incorporación al registro podrá sustentarse en actuaciones fiscales y judiciales o en una evaluación del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional (COSEDENA).
Una de las principales medidas es la facultad otorgada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para congelar de inmediato fondos y activos de las personas y entidades comprendidas en el registro. También se contemplan alertas migratorias preventivas y un mayor intercambio de información entre las instituciones del Estado.
En materia penal, se incorpora como agravante del delito de organización criminal el uso del terror para conseguir beneficios económicos ilícitos. Las penas previstas para los integrantes de estas organizaciones serán de entre 15 y 35 años de prisión.
Sin embargo, la aplicación de estas disposiciones plantea aspectos que deberán ser observados: los criterios para incorporar a una organización al registro, la calidad de las pruebas que sustenten las decisiones y los mecanismos para impugnar posibles errores o afectaciones indebidas de derechos.
La eficacia de la norma no deberá medirse únicamente por las nuevas facultades anunciadas, sino por su capacidad para desarticular organizaciones, impedir que continúen financiando sus actividades y reducir la violencia que afecta a los ciudadanos.
El desafío será que estas herramientas se traduzcan en resultados concretos contra la extorsión, los atentados y las economías criminales, con respeto al debido proceso y las garantías legales.
Por: Juan Cárdenas – Redactor General