MOLLENDO.– Las excavaciones para extraer material de cantera en las lomas de Yuta, en Mollendo, provincia de Islay, han generado cuestionamientos de pobladores, regidores y organizaciones ambientales, que advierten sobre los posibles daños a este frágil ecosistema. Sin embargo, la preocupación va más allá del impacto ambiental: también apunta a la aparente falta de fiscalización oportuna de las autoridades.
Los denunciantes cuestionan las operaciones de la empresa Elena de Troya Agregados y Construcción S.R.L. y exigen que se esclarezca si cuenta con todas las autorizaciones necesarias para desarrollar actividades extractivas en la zona. Las operaciones se vienen desarrollando desde hace tiempo y son visibles, corresponde investigar si la municipalidad y las entidades competentes conocían los trabajos, qué inspecciones efectuaron y si adoptaron medidas para prevenir posibles daños ambientales.
Pero la ciudadanía no necesita solamente anuncios ni promesas de fiscalización. Se requieren inspecciones documentadas, transparencia sobre las autorizaciones, identificación de responsabilidades y medidas concretas si se comprueba alguna irregularidad.
¿Hasta cuándo se esperará a que aparezcan las denuncias para actuar? La protección ambiental no puede depender de la presión de los vecinos ni de la iniciativa de colectivos ciudadanos. Las autoridades tienen la obligación de prevenir, supervisar y actuar oportunamente. Si hubo omisiones, deben esclarecerse; y si se confirma que las operaciones incumplen la normativa, corresponde aplicar las sanciones previstas.
Las lomas de Mollendo no pueden convertirse en un territorio donde la extracción de recursos avance mientras la fiscalización llega tarde. La población merece respuestas claras: quién autorizó las actividades, qué controles se realizaron y qué acciones se adoptarán para proteger este patrimonio natural.
Por: Juan Cárdenas – Redactor
