QUIULACOCHA: ADJUDICAN REAPROVECHAMIENTO DE RELAVES MINEROS TRAS MÁS DE SEIS DÉCADAS DE CONTAMINACIÓN EN PASCO
-Lima, Por Juan Cárdenas
La empresa pública Activos Mineros S.A.C. (AMSAC) adjudicó la buena pro de la subasta para el reaprovechamiento de los relaves del proyecto Quiulacocha, en Pasco, a Cerro de Pasco Resources del Perú S.A.C. La iniciativa busca aprovechar los minerales contenidos en los residuos mineros y contribuir a la recuperación ambiental de una zona afectada por más de seis décadas de contaminación.
Según AMSAC, el proyecto plantea un modelo en el que la inversión privada contribuiría a financiar las intervenciones ambientales, evitando que la remediación dependa exclusivamente de recursos públicos. La entidad estima que, bajo un esquema tradicional, recuperar el depósito habría demandado aproximadamente S/ 550 millones del Estado.
La empresa pública proyecta que los beneficios económicos y el ahorro de recursos públicos superarían los S/ 1.000 millones. Asimismo, durante los 21 años estimados de operación, se generarían más de S/ 500 millones en pagos y aportes contractuales, además de los ingresos tributarios correspondientes.
El proyecto también contempla la creación de un fideicomiso social de aproximadamente S/ 20 millones para financiar iniciativas de desarrollo sostenible en las comunidades del área de influencia. Se prevé, además, generar empleo y oportunidades para proveedores locales.
Sin embargo, la adjudicación constituye un paso inicial y no equivale a la recuperación ambiental efectiva del depósito. El cumplimiento de las obligaciones contractuales, las autorizaciones correspondientes y la supervisión de las intervenciones serán determinantes para conocer los resultados reales.
La experiencia de Pasco está marcada por décadas de impactos asociados a la actividad minera. Por ello, las expectativas económicas no deben desplazar la prioridad ambiental ni la protección de la salud de las comunidades.
El desafío será demostrar que el reaprovechamiento de los relaves puede traducirse en una reducción verificable de los riesgos de contaminación, con responsabilidades claramente establecidas, fiscalización efectiva y beneficios concretos para la población. Los resultados deberán medirse en la recuperación del territorio, no solamente en las cifras de inversión y rentabilidad anunciadas.