SUNAFIL RECUPERA FACULTADES DE ORIENTACIÓN Y FISCALIZACIÓN A MYPES MEDIANTE CONVENIOS CON GOBIERNOS REGIONALES
AREQUIPA.– La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) viene suscribiendo convenios de encargo de gestión con gobiernos regionales para atender las obligaciones laborales de las micro y pequeñas empresas (mypes), luego de que, según lo señalado en la intervención, dejara de tener determinadas competencias sobre este sector desde el 10 de julio de 2026.
El acuerdo anunciado corresponde al tercer convenio de esta modalidad. Los dos anteriores fueron suscritos con la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo de Lima Metropolitana y con el Gobierno Regional de Junín.
Según explicó Evelin Mirella Coloma Cieza de Sunafil, el convenio se enmarca en el artículo 71 del Texto Único Ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General y busca garantizar la continuidad de las actuaciones de orientación, asistencia técnica y fiscalización en materia sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo.
La entidad pondrá a disposición su experiencia técnica, capacidad operativa y personal especializado para fortalecer las acciones preventivas y contribuir a la formalización empresarial, uno de los principales desafíos del mercado laboral peruano.
GOBIERNOS REGIONALES MANTENDRÁN LA POTESTAD SANCIONADORA
Uno de los aspectos centrales del acuerdo es que los gobiernos regionales conservarán las funciones de instrucción y sanción, de acuerdo con lo señalado por el representante de Sunafil. El convenio busca articular las capacidades técnicas de ambas instancias para proteger los derechos de los trabajadores y promover el cumplimiento de las obligaciones de los empleadores.
La necesidad de reforzar estas acciones cobra relevancia ante los riesgos laborales asociados a posibles emergencias climáticas y al fenómeno de El Niño, especialmente en actividades económicas expuestas a condiciones de trabajo peligrosas.
EL RETO: FORMALIZAR SIN DEBILITAR LA PROTECCIÓN LABORAL
Aunque las mypes representan una parte mayoritaria del empresariado peruano y concentran una proporción importante del empleo, muchas operan en condiciones de informalidad que dificultan el acceso de sus trabajadores a derechos laborales y mecanismos de protección.
El desafío será comprobar que estos convenios se traduzcan en más orientación efectiva, inspecciones oportunas y mejores condiciones de trabajo, sin generar vacíos en la supervisión ni confusión sobre las responsabilidades de cada institución.
La coordinación entre Sunafil y los gobiernos regionales será clave para evitar que las limitaciones administrativas terminen perjudicando a trabajadores y empleadores que necesitan reglas claras y una fiscalización eficaz.
Por: Juan Cárdenas – Redactor