TÍA MARÍA SUPERA 47 % DE AVANCE, PERO MANTIENE ABIERTAS LAS DUDAS AMBIENTALES SOBRE OPERACIÓN FUTURA
El proyecto minero Tía María, de Southern Perú, supera el 47 % de avance y mantiene como meta iniciar la producción de cobre hacia finales de 2027, según información difundida por la empresa. El...
El proyecto minero Tía María, de Southern Perú, supera el 47 % de avance y mantiene como meta iniciar la producción de cobre hacia finales de 2027, según información difundida por la empresa. El anuncio llega acompañado de cifras que evidencian la magnitud de la inversión: más de US$700 millones ya ejecutados en la zona y otros US$1.000 millones comprometidos en equipos que próximamente llegarían al país. La compañía prevé producir alrededor de 120.000 toneladas de cátodos de cobre al año, con una pureza de 99,999 %.
Uno de los principales argumentos de Southern Perú frente a las preocupaciones por el uso del agua es que la operación utilizará exclusivamente agua de mar desalinizada y no recurrirá a ríos ni cuencas locales. Sin embargo, desde una mirada ambiental, este anuncio no debería cerrar el debate: la ausencia de uso de agua continental no elimina la necesidad de vigilar rigurosamente los impactos sobre el territorio, el ecosistema costero y marino, la calidad ambiental y las condiciones sociales de la zona. La verdadera prueba estará en que los compromisos ambientales puedan ser comprobados durante la construcción y, especialmente, durante toda la vida útil de la operación.
Con Tía María acercándose a su eventual puesta en marcha, el proyecto vuelve a colocarse en el centro de la discusión sobre el futuro de la minería en el sur del Perú. La inversión y la producción proyectada pueden tener efectos sobre la actividad económica y la oferta nacional de cobre, pero cualquier balance serio también deberá considerar los costos ambientales y la capacidad de fiscalización del Estado. Más que celebrar únicamente el porcentaje de avance, corresponde exigir transparencia, vigilancia independiente y cumplimiento estricto de las obligaciones ambientales para determinar si la promesa de una operación con menor presión sobre los recursos hídricos se sostiene en la práctica.